RESOLUCIÓN VALORACIÓN SOBRE EL DECRETO DE REFORMA
LABORAL APROBADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.

(Aprobado por unanimidad en la Presidencia Regional de IU-CM el 23/06/10)

El pasado 16 de junio, el Gobierno del PSOE impuso por decreto una reforma laboral
cuyo objetivo central es abaratar el despido y favorecer a la patronal, al aceptar las
demandas de la CEOE sobre las causas y el coste del despido.
Reforma laboral, que junto al plan de ajuste, suponen el mayor recorte social de nuestra
historia reciente, con los que el Gobierno central defiende una salida conservadora a la
crisis vinculada a la pérdida de derechos sociales y laborales. Salida conservadora que trae
como consecuencia inmediata el inicio de un conflicto social mantenido en el tiempo, que
tendrá una primera respuesta masiva a través de la huelga general convocada por los
sindicatos de clase para el próximo 29 de septiembre.
El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo, sino en la crisis
económica y financiera provocada por un modelo basado en bajos salarios, la precariedad
laboral, el control de la economía por parte de la banca privada, el monocultivo
inmobiliario y la especulación económica. Ninguno de esos problemas van a ser resueltos
por la reforma laboral aprobada. El objetivo de la reforma no es crear empleo, sino
cumplir con las imposiciones de la banca y del capital financiero internacional a través de
la política de ajustes impuesta por la UE y el FMI.
La reforma laboral supone la asunción del discurso de la patronal por parte del
Gobierno del PSOE, al profundizar, por un lado, en un modelo económico basado en
bajos costes laborales, al facilitar el despido y el abaratamiento del mismo; y defender por
otro, un marco de relaciones laborales en el que se aumenta el poder discrecional de los
empresarios y se ataca a la negociación colectiva. De esta forma se apuesta por una salida
a la crisis que lesiona los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la vez que favorece
los intereses de la patronal y de los empresarios.
Por todo ello, la Comisión Ejecutiva regional de IU-CM manifiesta su rechazo al Decreto
de reforma laboral por los siguientes motivos:
Primero. La reforma laboral no va a generar empleo. El abaratamiento del despido no
tiene efecto sobre la creación de empleo, ni se mejora la calidad del mismo flexibilizando
la contratación. En los últimos 18 años se han llevado a cabo 8 reformas del mercado de
trabajo cuyo elemento en común es el abaratamiento del despido y la flexibilización en la
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contratación, cuyo resultado ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de
contratos, precariedad que afecta en la actualidad a 13 millones de trabajadores.
Segundo. La reforma laboral solo busca abaratar el despido y la descausalización del
mismo. Las medidas propuestas suponen la ampliación de los supuestos en los que los
empresarios pueden despedir improcedentemente a los trabajadores con una
indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado, a la vez que facilita la
realización de despidos por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días de
salario por cada año trabajado, frente al actual de 45 días.
Abaratamiento del despido que tiene su respaldo en la modificación del Estatuto de los
Trabajadores que permiten aligerar las causas que delimitan el despido objetivo por
razones económicas y que favorece su decausalización, lo que permite abrir las puertas a
un despido más fácil y más barato, así como la desjudicialización de las relaciones
laborales.
Tercero. La reforma laboral no va permitir acabar con la temporalidad ni con la
dualidad del mercado laboral. La temporalidad no se reduce con la simple actuación en
el mercado de trabajo por medio de la generalización del abaratamiento del despido. La
falta de empleo y la generalización de la temporalidad no tienen relación con los modelos
de contrato, sino con el modelo productivo imperante en la economía española.
La reforma laboral pretende convertir a todos los trabajadores en precarios, al
imponer la generalización de un contrato con un despido más barato, discrecional a
voluntad del empresario y prácticamente sin indemnización y convertir la contratación
indefinida ordinaria en la gran damnificada de nuestro sistema de la relaciones laborales.
Cuarto. La reforma laboral aumenta el poder discrecional del empresario en la
empresa, genera inseguridad jurídica entre los trabajadores y trabajadoras y supone
un ataque a la negociación colectiva y los sindicatos. El Decreto aprobado por el
Gobierno contempla medidas de flexibilidad interna que facilita que las empresas puedan
modificar las condiciones laborales referidas a horarios, jornada, movilidad funcional y
geográfica, al margen de la negociación colectiva, además de contemplar un sistema
arbitral para los casos de desacuerdo, cuyo laudo será de obligado cumplimiento.
A lo anterior hay que añadir el hecho de que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
abone 8 días por año trabajado para todos los despidos, tanto en los colectivos como en
los objetivos individuales, con independencia del número de trabajadores que tenga la
empresa, por lo que el empresario solo pagará 12 días por año, con lo que el coste
empresarial del despido se reduce de manera sustancial.
Por último, la posterior tramitación como Ley del actual Decreto, puede llevar a un
endurecimiento, y por tanto, una modificación del mismo, lo que genera una fuerte
indefensión jurídica al trabajador.
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Quinto. La reforma laboral amplía el campo de actuación de las ETT´s, al poder
actuar en sectores hasta ahora prohibidos para estas empresas como el de la
Administraciones Públicas, y legalizan las empresas privadas de colocación, que
estaban prohibidas en el Estatuto de los Trabajadores, con funciones al mismo nivel
que los Servicios Públicos de Empleo, incluida la potestad de proponer sanciones.
Sexto. La reforma laboral profundiza en la precariedad laboral que sufren los
jóvenes y la mujer trabajadora. Las medidas aprobadas amplían los supuestos en los
que se puede aplicar contratos de carácter formativo para jóvenes que implican un salario
sustancialmente inferior al resto de trabajadores, a la vez que plantean medidas sin
contenido real y efectivo en cuanto a la promoción de la igualdad de hombres y mujeres
en el trabajo.
Frente a la agresión laboral y social que supone el Decreto de reforma laboral, la
Comisión Ejecutiva de IUCM defiende:
Primero. La apuesta por una reforma laboral dirigida al objetivo de generar empleo
de calidad, basada en los siguientes criterios:
1.) Recuperar el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. En
consecuencia planteamos los siguientes tipos de contrato:
a. a) Contrato de trabajo indefinido.
b. b) Contrato de trabajo con duración establecida. Deberá obedecer a una causa
concreta y ser autorizado por la Inspección de Trabajo en su adecuación al
principio de causalidad, a la Legislación laboral general y al Convenio
Colectivo aplicable.
c. c) Las becas serán transformadas en contratos de trabajo con plenos derechos
a todos los efectos.
2.) Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no
sean indefinidos a tiempo completo.
3.) Mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido
improcedente en 45 días en todos los contratos.
4.) Supresión de las ETT.
5.) Eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción contemplados en el artículo: 52. c. del Estatuto de los Trabajadores.
6.) Garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones
legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y
externalización, estableciendo el cumplimiento conjunto y solidario de las obligaciones
salariales y del conjunto de las derivadas de la negociación colectiva, de cotización a la
Seguridad Social y fiscales.
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7.) Cumplimiento de lo establecido en el artículo: 8 del Estatuto de los Trabajadores en
relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de
cotización a la Seguridad Social.
8.) Reforzamiento de la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la media europea de un
inspector cada 7.000 trabajadores, en sustitución de la actual de un inspector por cada
27.000.
9.) Condicionamiento de la aplicación del llamado modelo alemán como medida
provisional sustitutiva de los ERE temporales en los siguientes términos:
a. a) reducción máxima limitada al 50% de la jornada real.
b. b) prohibición estricta de realizar horas extraordinarias salvo en caso de
fuerza mayor.
c. c) mantenimiento del 100% de la cotización a la Seguridad Social por parte de
la empresa.
d. d) Mantenimiento del derecho al desempleo derivado de los nuevos períodos
de cotización.
e. e) Asociación de programas de formación a la disminución de la jornada
ordinaria.
10.) Apoyo a los Servicios Públicos de Empleo frente a los recortes presupuestarios, de
plantilla y los intentos de privatización.
Segundo. Apoyo activo a la movilización sindical del próximo 30 de junio y a la
huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre. Izquierda Unida toma
como prioridad política la defensa de los contenidos de la huelga y el éxito de la misma.
Huelga general que abrirá un ciclo de movilizaciones desde las que impulsar la mayor
convergencia social posible en contra de la reforma laboral y las medidas de ajuste.
Tercero. Izquierda Unida llama a los trabajadores y trabajadoras, sindicalistas,
fuerzas de la cultura, movimientos sociales y personas de la izquierda, a
manifestarnos juntos y juntas el próximo 27 de junio, por el empleo y por una
alternativa social a la crisis.